Friday, December 29, 2006

El (des)encaje de la asignatura de religión.

Aragón Liberal.- 29/12/06.- Lo dice la ley de Libertad Religiosa: el derecho a enseñar a los hijos es "dentro y fuera de la escuela".


Todo hacía suponer que la asignatura de religión no computaría para el otorgamiento de becas ni para la nota media de acceso a la Universidad. Eso sí, los alumnos que expresamente lo deseen podrán cursarla, mientras que el resto recibirá una adecuada atención educativa. El Gobierno prevé también que en primaria la enseñanza de la religión sea confesional –nunca ha sido catequética–, y en secundaria cabrá la posibilidad de escoger entre la asignatura de religión (católica, evangélica, judía o musulmana), o bien una nueva basada en la cultura y la historia de las religiones.



Por su parte, los profesores que hayan obtenido la Declaración de Idoneidad (DEI) del Ordinario diocesano pasarán a tener contratos indefinidos, con lo que se refuerza la posición de este colectivo frente al control de los obispos. La retirada del DEI deberá justificarse por escrito, y en ningún caso podrá vulnerar los derechos laborales de los profesores. En Italia, en cambio, si el obispo retira la idoneidad a un profesor de religión, éste no puede impartir la asignatura, pero el Estado se compromete a recolocarlo en otro puesto: si cuenta con los requisitos académicos exigibles podrá impartir docencia en otras materias o, si no, trabajar en tareas administrativas.



El (des)encaje de la enseñanza religiosa en el sistema educativo constituye, posiblemente, uno de los ejemplos que mejor definen la actitud de los gobiernos en relación con la laicidad. En nuestra Constitución, el artículo 27.3 consigna que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.» Un derecho que se itera en el artículo 2.1 c) de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa –que lo concreta «dentro y fuera del ámbito escolar»–, y también en el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito en 1979 entre la Santa Sede y el Estado español.



La enseñanza de la religión permite ahondar en la complejidad de lo humano, aclarando el sentido y la razón de ser de determinadas actividades como el rito, la oración, el sacrificio, el silencio, la acción... Asimismo, permite entender mejor el sustrato de las culturas tradicionales y modernas, estrechamente relacionadas con arquetipos y modelos de índole sacro. E incluso, desde una perspectiva pedagógica i ntercultural, la convivencia en la diversidad requiere del reconocimiento de los fondos simbólicos ajenos, por ejemplo el de muchos inmigrantes.



Por ello, no se llega a comprender cómo, sabiendo que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral del ser humano, es decir, el despliegue de todas sus facultades potenciales, la dimensión religiosa del estudiante –en su modalidad pedagógica confesional– se debilita en nuestro sistema educativo. Se me ocurren dos explicaciones:



Primera. Nuestro ordenamiento jurídico acogía la enseñanza religiosa estructurada como asignatura, pero a partir de los 90 se produjo una cadena abrupta de sentencias del Tribunal Supremo que acabaron socavando el status de esta asignatura curricular y evaluable ( sentencias de 31 de enero de 1997, 26 de enero de 1998 y 14 de abril de 1998). El Tribunal Supremo no sostuvo ya el rango de equiparabilidad de la asignatura confesional de religión al resto de asignaturas. Ello fue visto por algunos sectores eclesiales como una vulneración del derecho a la formación religiosa y moral, cuya implementación pactada exigía –y exige– el cumplimiento de tres condiciones: presencia institucionalizada en los centros educativos, creación de una disciplina alternativa y status de fundamentalidad junto con las restantes asignaturas obligatorias y curriculares.

Segunda explicación. Responde –como señalé más arriba– a una determinada lectura del principio constitucional de laicidad (o aconfesionalidad, que según el Tribunal Constitucional significa lo mismo). A pesar de que el Gobierno español se desmarcase del manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución, para el Ejecutivo la enseñanza religiosa confesional no engendra ninguna una obligación a los poderes públicos. No estamos –pese a lo acordado con la Santa Sede– ante un auténtico derecho prestacional educativo. De ahí la incompatibilidad de la asignatura con la interpretación gubernamental del principio de aconfesionalidad.



En coherencia con tal hermenéutica, el siguiente paso sería la reforma del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, tal como propugna Gaspar Llamazares, líder de IU. Esta reforma podría activarse después de las elecciones generales, si el PSOE vence con holgura al PP, o bien precipitarse antes si el Tribunal Constitucional resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad pendientes durante los últimos años. Hasta ahora, no obstante, y salvo en algunos puntos muy concretos, no se había cuestionado nunca la adecuación constitucional de los Acuerdos con la Santa Sede, que siempre han formado parte del ordenamiento jurídico interno del Estado.


Àlex Seglers

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